OCHO PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EXTRADICIÓN EN ESPAÑA.

La extradición es la entrega que un Estado hace a otro de una persona acusada o condenada por un delito común que se encuentra en su territorio. El fin de dicha entrega es que se someta a esa persona a juicio si es que está acusada, o bien que se ejecute la pena, en el caso de que ya hubiera sido condenada.

Así pues, la extradición tiene como fin conseguir el regreso del encausado o condenado a la jurisdicción de que huyó.

En España, la extradición se regula principalmente a partir de la Ley de Extradición Pasiva (Ley 4/1985), en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los tratados internacionales aplicables.

Sí lo es. Merece la pena tratar el asunto en serio. La extradición reviste una gran complejidad jurídica. Aunque no se trata de un procedimiento estrictamente penal,  lo largo del mismo se decidirán cuestiones tan vitales para la persona reclamada como su libertad o encarcelamiento, o su puesta a disposición de sistemas de justicia y penitenciarios a menudo más severos que el español.  A ello hay que sumar la dificultad de que el proceso se desarrolle en un país y en un idioma que el reclamado puede no conocer.

En la práctica, la mayor parte de las solicitudes de extradición que se presentan son concedidas. Sólo se denegarán si somos capaces de demostrar que concurre alguna de las circunstancias que referimos en el punto 7. Por ese motivo, la capacidad y efectividad de los abogados que se encarguen de la representación del reclamado son factores clave para el éxito.  

Así pues, es altamente recomendable recurrir a profesionales de acreditada solvencia y experiencia.

El procedimiento de extradición pasiva se pone en marcha cuando un Estado extranjero solicita a España que una determinada persona que se encuentra en territorio español le sea entregada.

En la práctica, un alto porcentaje de los casos de extradición tienen como origen una orden de detención internacional previamente cursada. A menudo los Estados que buscan a personas que han huido de su justicia tramitan órdenes de detención internacional a través de instituciones como INTERPOL. A partir de ese momento, esas personas pasan a estar buscadas en los distintos países miembros de la institución de que se trate.

Así, si un fugitivo de la justicia de otro país llega a España, y alguien comprueba su identidad, es fácil que sea detenido por la Policía española en virtud de esa orden de detención internacional. Tras realizar la detención, la Policía española informa al país que la pidió de que ha capturado al fugitivo. A partir de ese momento, el Estado que la cursó tendrá un plazo de cuarenta días para solicitar formalmente a España la entrega del detenido, adjuntando los documentos que justifiquen el motivo de la petición.

Si transcurridos esos cuarenta días el Estado solicitante no ha tramitado la petición, la persona será puesta en libertad. Si por el contrario el Estado solicita la extradición, el procedimiento sigue.

Para poner en marcha el complicado mecanismo de la extradición, se requiere que el caso tenga una cierta gravedad. Así pues:

• Si se trata de alguien a quien se busca para ser juzgado, será necesario que la pena mínima que le pueda ser impuesta según la ley española  sea de un año de prisión.
• Si se busca a alguien para que cumpla condena, esta deberá ser de al menos cuatro meses de prisión, también según la ley española.

En cualquier momento desde que la persona reclamada es detenida, el juez podrá decidir su puesta en libertad (con o sin fianza u otro tipo de medida cautelar como por ejemplo la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado), o bien podrá decidir que la persona permanezca en prisión. A menudo esto dependerá de la gravedad del caso.

Paralelamente a esto, el procedimiento de extradición se irá desarrollando en tres fases:

• La primera fase se desarrolla ante el Gobierno. El Consejo de Ministros analizará la petición del Estado solicitante y decidirá, en el plazo de ocho días desde la recepción de la solicitud si autoriza o no la continuación del procedimiento. Si opta por no autorizarla, ahí terminará el asunto. No obstante, lo más habitual es que sí la autorice, lo que nos lleva a la segunda fase.
• La segunda fase es judicial y se desarrolla ante la Audiencia Nacional, tribunal con sede en Madrid. Sin duda, es la parte más importante del proceso ya que en la gran mayoría de los casos, será la opinión de la Audiencia Nacional la que acabe decidiendo la concesión o denegación de la extradición. La fase judicial se divide en dos, una primera, llamada “instrucción” en la que uno de los jueces centrales de instrucción se encargará de ir acumulando las pruebas que deberán ser examinadas posteriormente. En el transcurso de esta fase, el detenido deberá comparecer al menos una vez para comunicar al juzgado si está o no de acuerdo con ser extraditado. Tras esta vista, el juez de instrucción podrá decidir si se le pone en libertad provisional (con o sin medidas cautelares), o si debe permanecer en prisión. Una vez concluye la instrucción, el asunto pasa a una de las secciones de la Sala de lo Penal. La sección (compuesta por tres magistrados) de Sala de lo Penal analizará los materiales aportados y fijará una fecha para la vista extradicional. Este es el momento clave de todo el proceso, puesto que tras la vista, la Sala decidirá si corresponde o no conceder la extradición. Si la deniega, ello supondrá el final del asunto. Si por el contrario decide concederla, sólo cabe un recurso, llamado “de súplica” que deberá ser resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La práctica indica que los más habitual es que el Pleno confirme la decisión de la Sección.
• La tercera y última fase es de nuevo gubernamental. A la vista de la decisión de la Audiencia Nacional de conceder la extradición, el Gobierno tendrá la última palabra. Podrá autorizarla o denegarla atendiendo a razones de seguridad nacional, orden público u otros intereses políticos. En la mayor parte de los casos, confirmará la decisión de la Audiencia Nacional.

La duración del procedimiento de extradición en España depende de la complejidad del caso y de la cantidad de trabajo acumulado que tengan los órganos que en él intervienen.

No obstante, puede estimarse una duración de entre 5 y 9 meses desde el momento en que el fugitivo es detenido hasta que la resolución final es firme.

La Ley de Extradición Pasiva prevé una serie motivos para la denegación de la extradición. No se concede la extradición si se trata de perseguir los siguientes delitos:

1. Delitos de carácter político. No se consideran como tales los actos de terrorismo; los crímenes contra la Humanidad ni los atentados contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.
2. Delitos militares, salvo en determinadas circunstancias.
3. Delitos cometidos a través de los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión.
4. Delitos que sólo son perseguibles a instancia de parte, con excepción de los delitos de violación, estupro, rapto y abusos deshonestos.

Además, tampoco se concederá la extradición: 

1. Cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un Tribunal de Excepción.
2. Cuando se ha extinguido la responsabilidad criminal conforme a la Legislación Española o la del Estado requeriente (por ejemplo, porque el delito está prescrito).
3. Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición, en determinados casos.
4. Cuando el Estado que solicita la extradición no dé la garantía de que la persona reclamada no será sometida a pena de muerte o a penas que atenten a su integridad corporal ni a tratos inhumanos o degradantes.
5. Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado.
6. Si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones.
7. Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y teniendo residencia habitual en España, se considere que la extradición puede impedir su reinserción social.

Así pues, el trabajo del abogado que defienda a la persona cuya extradición se reclame deberá centrarse en probar la concurrencia de alguna de estas causas.

Si distintos países solicitan la extradición. Ya sea por el mismo delito o por hechos diferentes, el Gobierno de España deberá decidir a qué país se la concede. Para ello, deberá tener en cuenta distintas circunstancias: si existen o no tratado de extradición con alguno de los países que la solicitan, la gravedad del delito, el lugar donde se cometió, quién solicitó la extradición antes, la nacionalidad de la persona reclamada y la posibilidad de extradiciones sucesivas.